La Procuraduría logró una acción inmediata que obligó a Ibagué a tomar medidas para evitar una emergencia sanitaria. El problema surgió por la falta de bóvedas destinadas a la inhumación estatal de cuerpos no reclamados, situación que podía generar graves riesgos en la ciudad.
Hasta esta semana, la capital del Tolima enfrentaba una crisis por la acumulación de cadáveres sin reclamo, sin espacios adecuados para su entierro. La Procuraduría intervino y exigió una solución rápida para no afectar la salud pública. Tras la orden, el municipio implementó las acciones necesarias para garantizar la correcta disposición de los cuerpos y evitar un foco de contagio.
Fuentes oficiales confirmaron que se habilitaron las bóvedas suficientes para atender la demanda estatal y asegurar el manejo adecuado de los restos. La medida frenó la posibilidad de una emergencia sanitaria que amenazaba a la región.
El control y seguimiento del proceso queda vigente para evitar que el problema se repita, mientras el sistema de atención para cuerpos no reclamados avanza bajo vigilancia.
