La Procuraduría abrió investigación contra dos directivos de Ecopetrol por un polémico contrato de 5 millones de dólares con la firma estadounidense Covington & Burling. El encargo fue medir el impacto de las pesquisas disciplinarias en contra de Ricardo Roa, actual presidente de la petrolera estatal.
Los funcionarios bajo la lupa son Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, quienes hicieron parte de la junta directiva y estarían vinculados formalmente en el proceso que adelanta la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal. Ambos deberán presentarse ante el Ministerio Público para rendir versión libre.
“Revisadas las actas 450 y 270 del 22 de mayo, se constató la creación de una comisión especial integrada por Luis Alberto Zuleta, Álvaro Torres y Guillermo García para supervisar las actividades del estudio contratado y participar en discusiones sobre la ejecución del mismo”.
Según fuentes de Blu Radio, esta comisión estaba encargada de monitorear el avance de la consultoría de Covington & Burling, que entre sus actividades supuestamente incluyó la inspección de comunicaciones internas de Ecopetrol. Esto tiene relación directa con las investigaciones abiertas contra funcionarios como Alberto José Vergara, Luis Felipe Rivera y Ludwig Wilson Mejía.
La investigación busca determinar si hubo irregularidades en la manera como se ejecutó el contrato, que ha causado polémica por la cuantía y el objeto, ligado a la gestión y realización de auditorías internas sobre investigaciones disciplinarias y posibles filtraciones.
Este caso se suma a otros procesos en curso contra altos cargos de la petrolera estatal, revelando tensión interna y cuestionamientos a la transparencia en la gestión administrativa.
Por otra parte, la Fiscalía enfrenta demandas para que no capture a voceros de paz de grupos armados ilegales mientras continúa la negociación en el país, un asunto aparte que mantiene alerta al sector de justicia.
