La Procuraduría General de la Nación participó esta semana en el segundo Comité de Justicia Transicional ordinario y ampliado en el Atlántico, donde se revisaron avances en seguridad y estrategias para comunidades víctimas.
Durante el encuentro se resaltó la necesidad de actualizar y armonizar los 19 planes de retorno y reubicación vigentes, algunos arrastrados de administraciones anteriores, con los planes de desarrollo actuales. La falta de articulación impacta directamente en la atención efectiva y oportuna a las comunidades campesinas y pesqueras afectadas por el conflicto.
Para impulsar esta tarea, se creó una mesa de trabajo entre la Unidad para las Víctimas y las secretarías departamentales, que definirá acciones conjuntas para fortalecer la restitución de tierras y los procesos sociales asociados. Esto, dice la Procuraduría, es clave para consolidar un plan integral que garantice seguridad y condiciones para el retorno.
Además, se acordó que las solicitudes hechas por la Mesa Departamental de Víctimas serán trasladadas a las entidades competentes y que las alcaldías recibirán las presentaciones de las instituciones estatales para mejorar el acceso a proyectos y recursos.
En materia de vivienda, se anunció la revisión puntual del estado del proyecto de Palmar, uno de los focos clave para la reubicación, junto con la actualización del registro real de víctimas a través del cruce de información con la Secretaría de Víctimas del Atlántico.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico asumirá el seguimiento riguroso de estos compromisos para asegurar su cumplimiento y evitar retrasos que afecten a las poblaciones vulnerables.
Este comité es parte del esfuerzo estatal para garantizar que las víctimas del conflicto puedan acceder a garantías de seguridad, retorno digno y reparación efectiva, en un territorio con desafíos persistentes en materia de justicia transicional.
