El PSOE de Melilla ha cargado contra la Autoridad Portuaria de Melilla (APM), presidida por el popular Manuel Ángel Quevedo, por entregar el negocio de los cruceros de la ciudad a una sola empresa mexicana, el grupo ITM, a través de una concesión privada de 25 años.
La secretaria de Medio Ambiente y Agenda 2030 del PSOE, Lucía Rubio, denunció la falta de transparencia del proceso y la ausencia de un debate público sobre el futuro del puerto, un activo “de todos los melillenses”. Según Rubio, el plan se ha presentado a medias, sin una visión completa. La preocupación principal es que la empresa extranjera controlará la gestión del puerto, las actividades turísticas y los espacios comerciales, dejando a los empresarios locales apenas como observadores.
Lucía Rubio: “El problema no es solo la concesión, sino la falta de claridad y la ausencia de un debate público.”
Rubio también criticó que los locales del puerto fueron cedidos a la empresa mexicana, que decidirá quién puede instalarse y bajo qué condiciones, mientras los empresarios melillenses luchan por mantener sus negocios sin garantías.
Desde la Autoridad Portuaria, que dirige Manuel Ángel Quevedo, se defendió el acuerdo con ITM y se aseguró que la iniciativa impulsará el turismo y generará empleo estable a partir de 2027. Quevedo calificó las críticas del PSOE como motivadas por “intereses personales y familiares”, mencionando que un familiar directo de Rubio perdió la concesión de dos locales del Puerto Deportivo recientemente.
Manuel Ángel Quevedo: “El proyecto permitirá un salto cualitativo en el turismo y ayudará a desarrollar el potencial turístico de Melilla.”
Quevedo resaltó que la firma mexicana apuesta por Melilla, algo que ninguna empresa española ha hecho, y que este proyecto volverá a colocar a la ciudad en la agenda internacional, aspecto clave para su posición geopolítica en el norte de África.
El presidente de la APM lamentó que el PSOE rompa la supuesta unanimidad en torno al desarrollo del puerto y criticó la política del partido en empleo, acusándolo de preferir un sistema basado en planes temporales controlados por el Estado.
También mencionó el cierre de la frontera comercial en 2018, lo que calificó de estrategia fallida para presionar a Marruecos. Sobre los locales concesionados a ITM, dijo que estaban vacíos o sin uso y que su cesión aumentará ingresos públicos y beneficiará el interés general.
La polémica ahora gira en torno a si Melilla podrá integrar a sus empresarios locales en este nuevo modelo de negocio turístico o si la ciudad perderá control sobre uno de sus puertos clave ante la apuesta de una empresa extranjera.
