La Ley 2466 de 2025, expedida el 25 de junio, actualiza y amplía el marco legal del teletrabajo en Colombia para unos 60% de trabajadores y 66% de empresas que operan de forma remota. Busca adaptar las normas a las nuevas realidades laborales digitales y globales, con cinco nuevas modalidades y mayores protecciones.
El gerente general de Grupo Soluciones Legales, Alexander Grajales, explicó que la reforma introduce modalidades autónoma, móvil, híbrida, transnacional y temporal o emergente para ampliar la flexibilidad y cubrir diferentes escenarios, desde elegir sede hasta trabajar desde el extranjero o situaciones de emergencia como desastres.
Esta actualización reemplaza el subsidio de transporte por un auxilio de conectividad para trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos, reconociendo los costos tecnológicos del teletrabajo. Además, las empresas deben garantizar cobertura ante riesgos laborales, incluso si los empleados trabajan desde fuera del país.
Sanciones y riesgos legales para empleadores
Grajales advirtió que el incumplimiento implica sanciones del Ministerio de Trabajo, demandas y responsabilidades por accidentes o enfermedades laborales. Las quejas de empleados se centran en la falta de pago del auxilio de conectividad, horas extras no reconocidas, ausencia de reembolsos por gastos de internet o energía, y la confusión entre contratos laborales y de prestación de servicios.
“El incumplimiento de estas disposiciones implica riesgos legales importantes para las empresas como sanciones y demandas laborales”
La ley mantiene clara la diferencia entre contratos laborales y de prestación de servicios: en los primeros, el empleador debe cubrir equipos, software y conectividad; en los segundos, el contratista sostiene su autonomía y no hay obligación de asumir esos costos.
Para evitar multas y conflictos, especialistas recomiendan a las empresas actualizar contratos con cláusulas específicas de teletrabajo, ajustar manuales y políticas internas, implementar protocolos de seguridad digital y fortalecer los sistemas de salud laboral para los riesgos remotos.
Con esta reforma, el Gobierno Nacional busca un marco legal que responda a la diversidad creciente en el empleo, asegurando un balance entre flexibilidad, protección y continuidad productiva en Colombia.
