El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos por fraude procesal y soborno el 21 de octubre de 2025, decisión que revive el debate político y social en Colombia.
Tres meses antes, Uribe había sido condenado a 12 años de arresto domiciliario, pero la corte en segunda instancia revirtió la sentencia. Esta resolución desató fuertes críticas, especialmente de sectores de izquierda.
Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc y hoy líder del partido Comunes, fue uno de los más vocales. Desde su cuenta en la red social X, calificó la absolución como una señal de la desigualdad ante la justicia y retó a la Corte Suprema a actuar con imparcialidad:
“La justicia es para los de ruana. Que la Corte Suprema proteja los derechos de las víctimas y la verdad”
La reacción en el círculo político cercano a Uribe no se hizo esperar. Daniel Palacios, exministro del Interior y precandidato presidencial, atacó directamente a Londoño, a quien calificó de “terrorista, asesino y reclutador de menores”:
“Este es el producto de Santos, delincuentes hablando de justicia cuando nunca pagaron por sus crímenes”
Por su parte, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, respondió con una palabra contundente: “Cinismo”. Mientras el concejal bogotano Daniel Briceño criticó que exguerrilleros ocupen curules sin respaldo electoral ni castigo judicial, apuntando al historial delictivo de estos políticos.
Desde Comunes, la senadora Sandra Ramírez respaldó a la jueza Sandra Heredia, quien emitió la condena en primera instancia a Uribe. Resaltó la valentía y firmeza de la magistrada frente a presiones políticas:
“Aplausos de pie para la jueza que no se dejó intimidar, la impunidad no reinará”
La polarización aumenta a medida que este caso seguirá en manos de la Corte Suprema de Justicia, marcada como la instancia que debe decidir si mantiene la absolución o restablece la condena. La controversia coloca otra vez en el centro del debate la percepción de justicia desigual y la responsabilidad en casos de alto impacto político.
El país espera respuestas claras de la Corte, mientras en redes y congresos las acusaciones y reproches se intensifican entre actores políticos con visiones radicalmente opuestas sobre este proceso.
