Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y excomandante de las Farc, le envió una carta al presidente Gustavo Petro para exigir que se gestione ante la ONU la ampliación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia.
El motivo: la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 31 de octubre, elimina el monitoreo internacional sobre dos pilares clave del Acuerdo Final de Paz: la Justicia para la Paz y el Capítulo Étnico.
Según Londoño, esta exclusión ocurre justo cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inicia su etapa sancionatoria, fase crucial que debe contar con supervisión internacional para garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones que imponga el tribunal especial.
“Lamentamos que el componente de justicia para la Paz y el Capítulo Étnico ya no serán verificados por la Misión, precisamente en momentos en que la JEP ha entrado en la etapa sancionatoria”
El exlíder guerrillero propone que el Gobierno y el partido Comunes, como partes firmantes del Acuerdo, hagan una solicitud conjunta ante el Secretario General de la ONU y la Presidencia del Consejo de Seguridad para ampliar el mandato de la Misión de Verificación.
El objetivo es asegurar que la comunidad internacional acompañe y supervise el cumplimiento pleno de las sanciones de la JEP, pieza fundamental para la consolidación de la paz en Colombia y para cumplir con el Acuerdo Final, considerado un modelo mundial en resolución pacífica de conflictos.
Londoño destacó que la presencia y respaldo de la ONU han sido vitales para avanzar en seguridad, justicia y desarrollo rural desde la firma del Acuerdo, pero que el nuevo ajuste al mandato pone en riesgo esos avances en un momento decisivo.
El líder de Comunes se mostró abierto a reunirse con Petro “cuando lo considere pertinente” para discutir la carta y definir una estrategia diplomática ante la ONU.
La Misión de Verificación de la ONU fue creada para acompañar y verificar la implementación integral del Acuerdo de Paz, y el reciente cambio en su mandato ha generado inquietud sobre el seguimiento de la justicia transicional en Colombia.
