El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes la condena por soborno en actuación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo absolvió al determinar que no hay pruebas suficientes que demuestren su participación directa en la presunta manipulación de testigos.
Este fallo revierte la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá que en agosto de 2025 había declarado culpable a Uribe y le impuso 12 años de prisión domiciliaria. Fue la primera vez que un exmandatario colombiano era condenado penalmente.
El magistrado ponente José Merchán fue claro al señalar:
“No se probó que el expresidente Álavaro Uribe Vélez hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal.
Por esta razón, la Sala Penal revocó la condena y absolvió a Uribe respecto al evento relacionado con Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, el exparamilitar que aseguró haber recibido dinero para cambiar su testimonio en el caso.
El Tribunal determinó que Vélez no mencionó a Uribe como responsable ni autor de los pagos ni de las instrucciones para manipular los testimonios. Tampoco se comprobó la responsabilidad del expresidente en el caso de la otra testigo Eudícide Cortés, alias Diana.
Como consecuencia del fallo, la Sala ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía para que investigue a Vélez por presunto falso testimonio luego de encontrar inconsistencias en sus declaraciones.
El caso se abrió originalmente en 2012, cuando Uribe, entonces senador, denunció al congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Pero la investigación terminó señalando a Uribe de intentar influir en declaraciones de exparamilitares.
El partido Centro Democrático, fundado por Uribe, celebró la absolución y la calificó como “un acto de justicia tras años de persecución política”. En contraste, sectores de oposición expresaron preocupación por lo que consideran un retroceso en la lucha contra la impunidad.
Expertos legales advierten que la decisión no cierra el caso. Las investigaciones por el cargo de fraude procesal continúan y la Fiscalía podría abrir nuevas líneas por el proceso judicial que lleva más de una década.
Este fallo marca un punto de inflexión en la historia judicial y política de Colombia a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026, con un impacto directo en la fuerza política conservadora que respalda a Uribe como referente principal.
