Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno español, solicitó hoy una “pequeña investigación” para aclarar los fallos detectados en las pulseras antimaltrato que protegen a víctimas de violencia de género.
Esta petición llega tras la reciente polémica desencadenada por un fallo en el sistema informático de Cometa, empresa encargada de gestionar estos dispositivos. El error afectó la provisión de datos desde marzo de 2024, bloqueando el acceso de los juzgados a los movimientos de los agresores, lo que llevó a una “gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos, según la Fiscalía.
En declaraciones a medios, Díaz señaló:
“Si los fallos existieron, que se aclare y se garantice el derecho a reparación de las víctimas”.
Agregó que es “conveniente esclarecer todo lo ocurrido durante estos meses de aplicación de un sistema que no funcionaba correctamente”.
La Fiscalía aclaró que los problemas se relacionan con la migración de datos durante el cambio de empresa gestora y aseguró que las pulseras continuaron funcionando y garantizando la protección en todo momento. Sin embargo, el revuelo político fue inmediato.
El Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, restó importancia al fallo, asegurando que afectó a menos del 1% de los casos y que no provocó excarcelaciones significativas. La ministra lanzó un mensaje para tranquilizar a las víctimas, recalcando que “los dispositivos funcionan correctamente desde el inicio”.
Aun así, la oposición, liderada por el Partido Popular, exigió mayores aclaraciones y pidió la renuncia de Redondo. El partido anunció una sesión especial en el Senado para discutir la violencia contra las mujeres y exigir respuestas claras sobre las fallas en el sistema.
Las pulseras antimaltrato, usadas por más de 21.000 mujeres desde su lanzamiento en 2009, son un mecanismo clave para monitorear en tiempo real la distancia entre víctimas y agresores, permitiendo la actuación rápida de la policía en caso de incumplimiento de órdenes de alejamiento.
El incidente plantea serias dudas sobre la integridad del sistema en un momento delicado para la protección de mujeres en España. Díaz insiste en que cualquier fallo debe ser aclarado y reparado para no poner en riesgo la seguridad de las víctimas.
