El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia abrió una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez para determinar si está inhabilitado para su candidatura al Senado en las elecciones legislativas de 2026.
La medida llega tras la condena en primera instancia que dictó una pena de 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos. Además, Uribe recibió una inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
La resolución del CNE, fechada el 8 de octubre, busca analizar si Uribe incurrió en alguna causal que pueda invalidar su inscripción al Senado. La Constitución colombiana prohíbe ocupar un cargo legislativo a quienes tengan condenas penales, salvo en delitos políticos o culposos.
El caso contra Uribe se originó en 2012, cuando él demandó al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia encontró indicios de que Uribe manipuló testimonios para evitar vinculación con grupos paramilitares, lo que derivó en la investigación penal.
En agosto, la jueza Sandra Heredia dictó la condena que marcó un hito: Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente. La sentencia lo declaró culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Actualmente Uribe está en libertad mientras el Tribunal Superior de Bogotá revisa la apelación de su defensa, con fallo previsto para el 21 de octubre.
La denuncia que motivó la investigación ante el CNE fue presentada por el ciudadano Inder Ramírez, quien celebró la medida en redes sociales como prueba de que “ningún poder político está por encima de la Justicia”.
El proceso sigue abierto y la autoridad electoral mantendrá la indagación hasta la formalización de la candidatura del exmandatario para los comicios del 8 de marzo de 2026.
