La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 1,115 millones de pesos en Veracruz en recursos federales ejercidos en el último año de la administración de Cuitláhuac García. Este monto representa casi una cuarta parte del total nacional observado hasta ahora en la Cuenta Pública 2024.
El grueso de los recursos con problemas — el 94% — está vinculado a programas de salud, principalmente el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para población sin seguridad social, y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). En este último, se señalan 99.4 millones sin documentación que respalde la entrega de bienes y servicios adquiridos.
La ASF encontró pagos sin comprobantes para servicios de limpieza, vigilancia, insumos médicos e incluso vehículos. El informe subraya que “no se acreditó la entrega de bienes ni la prestación de servicios en múltiples contratos”, lo que indica fallas graves en la administración y control del gasto.
Fallas en mecanismos de transparencia y control interno
Los auditores advirtieron que el gobierno estatal carece de mecanismos adecuados para detectar riesgos y cumplir con sus obligaciones de transparencia, lo que afecta especialmente al sector salud. Esta ausencia de control interno visible podría traducirse en desabasto, precarización del servicio y afectaciones directas a la población veracruzana.
“El Gobierno del Estado de Veracruz no cuenta con un sistema adecuado de control interno que le permita atender riesgos, cumplir normativas y manejar eficientemente los recursos federales en salud”, señala el informe.
Según el documento de la ASF, las irregularidades en el sector salud incluyen mal manejo bancario, pagos sin respaldo y transferencias detectadas a cuentas no autorizadas. Esto genera dudas sobre el destino real de más de mil millones de pesos transferidos por la federación.
Veracruz se consolida así como uno de los estados con mayores observaciones en el uso de los fondos públicos federales en salud durante 2024, poniendo en evidencia un problema estructural que podría impactar la prestación de servicios básicos a miles de personas.
Hasta ahora, ni la administración estatal ni el equipo de Cuitláhuac García han emitido una declaración oficial sobre las observaciones de la ASF.
