CIBanco cierra sus sucursales a partir de este viernes luego de que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) revocó su licencia y comenzó el proceso de liquidación de la institución financiera. La decisión llega casi cuatro meses después de que el gobierno de Estados Unidos señalara al banco por posibles operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides.
En un aviso en su sitio web, CIBanco informó a sus clientes que a partir del 13 de octubre podrán recibir pagos de las obligaciones garantizadas por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión (aproximadamente 3 millones 424 mil pesos) por persona, con cobertura que se mantendrá vigente hasta el 10 de octubre de 2025.
El IPAB aclara que la garantía aplica solo a productos considerados depósitos asegurados y excluye otros según la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En cuanto a accionistas, consejo y altos funcionarios, CIBanco especifica que estos no cuentan con garantía en sus depósitos, aunque conservan derechos ante la institución en liquidación.
Este cierre se produce tras una orden emitida a finales de junio por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identificó a CIBanco, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, como entidades mexicanas con riesgos de lavado de dinero principalmente relacionados con tráfico de opioides.
El Departamento del Tesoro de EU también restringió ciertas transferencias financieras que involucraban a estas tres instituciones. Este bloqueo y las acusaciones internacionales precipitaron la decisión nacional de revocar la licencia.
Con este movimiento, la banca mexicana enfrenta un golpe severo en su lucha contra lavado de dinero y pone en alerta a otras instituciones financieras que operan en sectores sensibles. El IPAB explica que la liquidación se realiza para proteger a los ahorradores y mantener la estabilidad del sistema bancario.
El proceso de cierre de CIBanco es uno de los más relevantes en los últimos años para la banca en México y marca un precedente en la acción coordinada contra instituciones señaladas por gobiernos extranjeros.
