Yessenia Ruano y otros sobrevivientes de violencia doméstica y trata de personas presentaron una demanda federal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusando a la agencia de violar la ley al detener y deportar víctimas pese a las protecciones legales vigentes.
Ruano, originaria de El Salvador, vivió en Estados Unidos 14 años mientras su caso de visa T, destinada a víctimas de trata, estaba en trámite. En medio de la escalada de deportaciones impulsada por la administración Trump, ICE se negó a detener su expulsión. Temiendo ser separada de sus hijas, decidió salir voluntariamente con ellas.
La demanda, presentada esta semana en Los Ángeles, sostiene que las nuevas políticas de ICE rompen con las salvaguardas establecidas en la Ley de Violencia contra la Mujer y otros programas migratorios que protegen a los inmigrantes víctimas de delitos graves.
“Nuestro gobierno le está dando la espalda, arrestando, castigando y deportando a esas personas,” afirmó Sergio Pérez, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, organización que encabeza el caso.
El departamento de Seguridad Nacional defendió las acciones señalando que cada inmigrante deportado ha recibido “debido proceso” y que tiene una orden final de deportación. Sin embargo, los demandantes aseguran que ICE aceleró los procesos de deportación, incluso antes de que sus solicitudes de visa U o T se resolvieran.
Las visas U y T ofrecen protección crucial para víctimas que colaboran con las autoridades, pero las nuevas políticas de ICE permiten operativos en “zonas sensibles” como refugios para mujeres, escuelas e iglesias, lugares que antes estaban protegidos de intervenciones migratorias.
Entre los demandantes hay una vendedora de tamales de 46 años, residente en Los Ángeles por 23 años, y Kenia Jackeline Merlos, de 43 años y originaria de Honduras, que permanece detenida en Washington desde junio mientras espera resolución de su visa U.
Abogados y activistas alertan que estas medidas no solo incumplen la ley, sino que generan un efecto paralizador: “cuanto más tarda en denunciarse el abuso, más se intensifica,” dijo Erin Aiello, fiscal especializada en violencia doméstica.
El cambio de política comenzó con un memorando de ICE al inicio del segundo mandato de Trump, que ordenó aplicar la ley migratoria “total y eficientemente” sin excepciones para víctimas de violencia. Este giro unilateral eliminó las instrucciones previas para priorizar la protección de estos inmigrantes vulnerables.
Grupos conservadores han respaldado estas medidas argumentando que algunas solicitudes de visas U y T son susceptibles a fraude y limitan el trabajo de las autoridades. La Fundación Heritage impulsó proyectos para eliminar estas visas en el segundo mandato de Trump.
Ruano, quien trabajó años en Milwaukee como asistente de maestra y terminó autodeportándose con sus hijas, dijo en entrevista que su esperanza ahora es regresar a Estados Unidos bajo un proceso legal justo.
Con esta demanda empiezan al menos cinco pleitos simultáneos contra ICE en ciudades como Chicago, Portland y Washington D.C. por prácticas similares.
El caso pone en tela de juicio la estrategia migratoria actual y sus consecuencias en comunidades que buscan seguridad y justicia, y resalta el conflicto entre deportaciones masivas y derechos humanos básicos.
