La diputada federal de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por supuestos vínculos con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, dejando en evidencia una red criminal que, según expertos, contamina el sistema político y financiero mexicano.
El caso no es aislado. Expertos en seguridad como David Saucedo aseguran que las conexiones de Brown se remontan a su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, donde policías y autoridades municipales habrían operado bajo el control del cártel para proteger y facilitar actividades ilícitas como el narcomenudeo y extorsión.
“Algunos sicarios de El Mayo Zambada estaban en nómina en la policía de Rosarito, configurando un esquema de gobernanza criminal real”, explicó Saucedo.
Este entramado permitió al cártel controlar desde la seguridad pública hasta el cobro de “derecho de piso” a comerciantes y transportistas, describió el especialista. La inclusión de Brown en las listas negras de la UIF y OFAC no es simbólica: corta el acceso a redes financieras globales y afecta reputación y operatividad, alertó el consultor Abraham Serrano.
“Estados Unidos aplica sanciones con efecto extraterritorial, golpeando directo en comercio, finanzas e incluso seguridad nacional,” advirtió Serrano.
El caso recordó al del futbolista Rafael Márquez, quien enfrentó años y gastos millonarios para salir de esas listas.
En el ámbito político el debate se intensifica. Saucedo señaló que el gobierno mexicano debería activar un juicio de desafuero para permitir la investigación judicial ya que la diputada tiene fuero y el Congreso no ha respondido pese a la notificación oficial de Estados Unidos.
“Los norteamericanos han pedido aplicar medidas similares contra otros legisladores y gobernadores, pero México no ha actuado,” dijo.
El politólogo Antulio Ontiveros apuntó que el episodio revela fallas estructurales en los controles para vigilar a funcionarios electos, proponiendo crear un órgano colegiado con capacidad de inteligencia para evitar la infiltración criminal.
Serrano resumió el impacto: la falta de escrutinio convierte al sistema en un “estanque contaminado” por la impunidad y corrupción, situación que solo se aborda cuando presiones externas como estas sanciones de la OFAC lo obligan.
La realidad es clara: el caso de Hilda Brown destapa la vulnerabilidad institucional frente a la criminalidad infiltrada en la política mexicana y lanza un reto urgente al Estado para responder con acciones concretas y no solo reacciones mediáticas.
