Desde 2018, año que marca el inicio del gobierno de AMLO, México vive una ola brutal de violencia que no cede. En siete años, se han registrado al menos 220,000 homicidios y entre 60,000 y 70,000 desaparecidos, cifras que confirman el colapso en materia de seguridad.
Entre las víctimas destacan 75 alcaldes y exalcaldes asesinados, incluido Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, cuyo homicidio reciente conmocionó a la sociedad. Además, 163 periodistas han perdido la vida, en lo que se ha vuelto un escenario constante de impunidad y terror.
Expertos han identificado al menos 5,600 fosas clandestinas y certidumbre de que existen hasta 9,000. Las madres buscadoras han descubierto incluso varios centros de exterminio vinculados al crimen organizado. Sin embargo, la respuesta oficial sigue siendo la misma: “No habrá impunidad,” “Estamos investigando,” y discursos vacíos sin resultados concretos.
El gobierno presume una reducción del 30% en homicidios, pero los números reales y la violencia palpable en muchas regiones contradicen esos datos. La administración de EE.UU. ha declarado que los cárteles mexicanos actúan como terroristas, controlando territorios y hasta imponiendo candidatos electorales, algo que el Estado mexicano no ha podido detener.
En 2024, la percepción generalizada es que el Estado mexicano ha fallado flagrantemente en garantizar la seguridad. Los constantes asesinatos, desapariciones y fosas clandestinas son prueba de una crisis que no encuentra solución.
Mientras esto ocurre, el país observa en silencio o con indiferencia. La responsabilidad máxima del Estado es proteger a sus ciudadanos. La pregunta que queda para cualquier mexicano consciente es simple: ¿qué va a hacer? ¿qué dice su conciencia frente a esta matanza silenciosa?
