Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe que ha dejado al menos 21 muertos tras atacar cinco embarcaciones, según cifras oficiales de Washington. Los bombardeos, dirigidos a supuestos narcotraficantes, han encendido alarmas entre pescadores artesanales de Trinidad y Tobago, quienes denuncian que son víctimas de ataques y falsos señalamientos.
El país caribeño se encuentra a solo 11 km de Venezuela, blanco central de la estrategia antidrogas del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, organismos internacionales como la ONU y la UE ponen en duda que el Caribe sea la principal ruta de narcotráfico, señalando en cambio al Pacífico.
Kenrick Modie, pescador en Puerto España, confiesa:
“Si morimos, morimos, así es la vida”
pero advierte que no hay pruebas claras de que los tripulantes de embarcaciones atacadas transportaran drogas. Otro pescador, Kamal Bikeran, asegura que ahora navegan en aguas menos profundas para evitar ser blanco de nuevas agresiones, lo que reduce sus capturas y sustento.
Reacciones políticas y tensiones regionales
La primera ministra Kamla Persad-Bissessar ha apoyado públicamente la ofensiva de EE.UU., incluso justificando la muerte violenta de narcotraficantes. A la vez, ha ordenado a la Guardia Costera usar fuerza letal contra barcos no identificados desde Venezuela, lo que eleva la tensión entre ambas naciones.
Venezuela denuncia una “guerra multiforme” orquestada desde Washington para provocar un cambio de régimen y ha acusado a EE.UU. de secuestrar embarcaciones cargadas de pescadores. Nicolás Maduro calificó como “loca” a Persad-Bissessar por amenazar con intervenir a sus vecinos y sugirió que políticos estadounidenses están detrás de esta escalada.
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, califican las muertes de “asesinatos” y “ejecuciones sin juicio”. Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclaman que las personas no deben morir por delitos relacionados con drogas.
Por su parte, Washington ha duplicado la recompensa por información contra Maduro, acusado sin pruebas de liderar un cártel. La creciente militarización en esta zona estratégica del Caribe mantiene a los pescadores en riesgo y complica la estabilidad regional, mientras bloques como Celac y ALBA piden declarar la región como zona de paz.
El conflicto pone bajo presión a un país pequeño y vulnerable como Trinidad y Tobago, donde la pesca artesanal está amenazada y la población vive con la preocupación constante de ser arrastrada a una guerra que parece escapar de su control.
