La Fiscalía de República Dominicana presentó cargos formales contra los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, vinculados al derrumbe del techo que dejó 236 muertos y más de 300 heridos durante un concierto el pasado 8 de abril.
La audiencia en marcha acusa a la pareja de homicidio involuntario y lesiones por negligencia, tras ignorar advertencias internas sobre fallas estructurales. El techo cedió justo cuando actuaba el merenguero Rubby Pérez, quien perdió la vida entre las víctimas.
El local, que tenía permiso para máximo 800 personas, reunió a más de 1,200 asistentes, aumentando la presión sobre una estructura que mostraba corrosión y desgaste documentados durante cinco años sin reparaciones.
Los dueños fueron arrestados luego del desastre, pero recuperaron la libertad tras pagar una fianza de 50 millones de pesos dominicanos. Hoy enfrentan además más de 50 demandas civiles impulsadas por familiares, incluyendo las hijas de Rubby Pérez, que denuncian trato preferencial y privilegios empresariales.
La Procuraduría General responsabiliza a los empresarios por operar un establecimiento inseguro, bajo condiciones que violaban normas y pusieron en riesgo a cientos de personas. Las acusaciones incluyen que sistemas de climatización y tanques adicionales dañaron aún más la capacidad de carga del inmueble.
Las penas por estos cargos podrían llegar a hasta dos años de prisión, sin contar el impacto económico por indemnizaciones y el debate nacional que desató la tragedia sobre la necesidad de reforzar la supervisión en centros masivos.
Por ahora, el proceso judicial sigue su curso mientras el país recuerda la peor catástrofe de su historia reciente en espacios de entretenimiento.
