El gobierno de Chiapas, en su último año bajo la administración de Rutilio Escandón, tiene pendientes por aclarar 678.5 millones de pesos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión a la Cuenta Pública 2024.
La investigación reporta irregularidades graves en contratos de obra pública, pagos atrasados, entregas de becas sin comprobación y erogaciones a personas fallecidas. Este monto convierte a Chiapas en la segunda entidad con más recursos sin comprobar, solo detrás de Veracruz.
En particular, el reporte señala un probable daño al erario público por 92.8 millones de pesos relacionados a irregularidades en contratos de obra pública. También se detectaron pagos posteriores a la baja de trabajadores por 3.9 millones de pesos y pagos a empleados fallecidos por otros 426 mil pesos.
El uso indebido de recursos en becas para primaria y secundaria suma 54 millones de pesos sin que se compruebe su entrega a los beneficiarios, lo que representa un perjuicio de 58.3 millones de pesos a la Hacienda Pública Federal.
El Colegio de Bachilleres de Chiapas también incurrió en irregularidades por 96.6 millones de pesos, rompiendo normativas de contabilidad gubernamental y acuerdos federales. Además, hay pagos pendientes de aclarar por 13 millones de pesos a 38 trabajadores sin comprobar asistencia o contratos.
“Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por montos millonarios más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro”, indicó el dictamen de la ASF.
El informe final refleja que estas irregularidades abarcan programas clave: salud pública, pago a maestros, agua potable y obra pública. Hasta ahora, solo se han promovido acciones ante instancias de control para sancionar a responsables.
Al concluir su mandato, la entonces presidenta Claudia Sheinbaum designó a Rutilio Escandón como cónsul general de México en Miami, cargo que hoy ostenta mientras su administración enfrenta estas acusaciones.
La ASF ratifica que Chiapas debe aclarar el uso de estos recursos de inmediato para evitar un posible desfalco mayor al erario público.
