Monterrey.- Una jueza federal exigió al Congreso de la Unión presentar avances en la despenalización del aborto a nivel federal, tras casi dos años sin cumplir la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Primera Sala de la Corte declaró inconstitucionales en septiembre de 2023 los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal (CPF), que criminalizan el aborto voluntario en instalaciones federales como hospitales del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud.
El fallo fue notificado al Congreso el 4 de enero de 2024. Sin embargo, hasta hoy la norma sigue vigente y castiga con prisión a mujeres y médicos en clínicas federales.
La jueza Segunda de Distrito en Materia Penal, Paloma González, rechazó el 26 de septiembre la solicitud de la Cámara de Diputados para una nueva prórroga que le permita más tiempo para acatar la sentencia.
“Que informe el estado que guarda el proceso de dictaminación de las citadas iniciativas, en el entendido que deberá remitir el original o copia certificada de las constancias respectivas”, ordenó la jueza el 30 de septiembre.
Desde 1931, el Código Penal Federal tipifica como delito el aborto. Los artículos que la SCJN ordenó derogar establecen penas que van de seis meses a ocho años de prisión, incluyendo castigos específicos para médicos que practiquen abortos.
La sentencia fue aprobada solo por tres de los cinco ministros de la Sala, entre ellos Arturo Zaldívar, actual Coordinador General de Política y Gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
Estas restricciones afectan a hospitales públicos federales donde las mujeres siguen enfrentando riesgos legales por interrumpir su embarazo bajo cualquier causa, salvo excepciones establecidas en el artículo 334, como peligro para la vida de la mujer o embarazo por violación.
La presión judicial ahora obliga al Congreso a responder y avanzar en reformas que modifiquen el Código Penal Federal para cumplir la orden constitucional.
La controversia aumenta mientras organizaciones civiles y legisladores urgentes a cumplir la sentencia, pero la Cámara de Diputados mantiene una postura cautelosa, solicitando aplazos reiterados que ya fueron rechazados por el Poder Judicial.
La resolución marca un precedente clave en el debate nacional sobre derechos reproductivos y la separación entre la legislación federal y la autonomía estatal en materia de aborto.
