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Magistrados del STJE violaron garantías al validar confesiones ilegales

Esto contamina la prueba sin posibilidad de atenuación y carece de una fuente independiente que valide la información.

Los Magistrados Gloria Elena Garza Jiménez, Javier Castro Ormaechea y Jorge Alejandro Durham Infante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Tamaulipas validaron en junio de 2022 confesiones obtenidas ilegalmente por la Policía Investigadora Estatal, violando garantías constitucionales, según una resolución federal que ordena una revisión del caso.

El presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Guillermo Cuautle Vargas, aclaró en la ejecutoria 576/2022 que la confesión contenida en el informe policial fue obtenida con violación al orden legal, pues la Policía Investigadora no tiene facultad para recabar declaraciones. Esto contamina la prueba sin posibilidad de atenuación y carece de una fuente independiente que valide la información.

Esta ejecutoria federal se deriva del caso de un acusado de secuestro condenado a 30 años de prisión y multa de 54,470 pesos por un juzgado penal en Reynosa, confirmada por los magistrados locales en 2022. El sentenciado recurrió al juicio de amparo para impugnar la validez de su confesión.

La Magistrada Minerva Castillo Barrón, encargada del estudio en la instancia federal, señaló que el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución establece que las confesiones sin la asistencia del defensor carecen de valor probatorio y que solo el Ministerio Público o tribunales con defensor presente pueden realizar interrogatorios legales.

“La confesión rendida sin defensor carece de valor probatorio y la policía investigadora no está facultada para interrogatorios”

El amparo ordena que la instancia local emita una nueva resolución sin otorgar valor probatorio a las confesiones hechas ante policías ni a la información derivada directamente de ellas, aunque la documentación puede ser retomada como prueba documental siempre que cumpla las reglas de legalidad procesal.

Este fallo marca un revés para los procesos penales en Tamaulipas al limitar el uso de confesiones obtenidas por autoridad no facultada y fundamenta la importancia de respetar el derecho a la defensa para evitar nulidades.

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