México inició el 16 de octubre la emisión de la CURP en su nueva versión digital y biométrica, que integra huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía y firma digital.
Este cambio radical moderniza el documento oficial que hasta ahora solo contaba con datos básicos. La actualización, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación tras reformas a la Ley General de Población, empezará a ser de uso común el próximo año.
Actualmente no es obligatorio tramitar la nueva CURP biométrica, pero las autoridades federales advierten que pronto será imprescindible para la mayoría de los trámites oficiales. La Cámara de Diputados ya dejó claro que la CURP será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatorio en todo el país.
El artículo 91 Bis de la nueva ley establece que cualquier entidad pública o privada deberá solicitar la CURP para prestar servicios y realizar trámites. Quienes incumplan enfrentarán multas de hasta 2.26 millones de pesos, según el valor diario de la UMA.
El trámite se realiza en 145 módulos piloto instalados en oficinas del Registro Civil o del Renapo en cada estado. Se requiere la CURP anterior impresa, identificación oficial vigente y un correo electrónico personal. Las citas se programan por internet en la página de Renapo.
Hasta agosto, más de 27 millones de personas ya habían solicitado la CURP biométrica, y se espera que en enero de 2026 comience la convocatoria general para que toda la población actualice su documento. A partir de febrero de ese año, la CURP digital tendrá validez oficial plena.
Además del formato físico, la versión digital estará disponible a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La Secretaría de Gobernación aclaró que los datos biométricos serán gestionados conforme a las estrictas normas de protección de datos personales.
El nuevo sistema también se conectará con el Registro del Sistema Nacional de Salud para facilitar el acceso universal a servicios médicos.
Con esta implementación, México da un paso clave para modernizar sus registros civiles, fortalecer la identidad digital y mejorar la seguridad en la identificación ciudadana.
