El amparo, pilar de la defensa ciudadana, está en riesgo. Legisladores de Morena, en su llamada segunda transformación (2T), impulsan reformas que limitan la suspensión del acto reclamado, debilitando la protección legal frente a actos del gobierno.
Críticos advierten que esta mutación convierte al amparo en un “parche sintético” sin la fuerza histórica para defender libertades y patrimonio. Además, la influence de jueces novatos y poco preparados amenaza colapsar ese recurso constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tampoco escapa a las críticas. Bajo el discurso oficial que buscaba “ahorrar costos” y evitar nepotismo, se eligieron ministros que, según expertos, resultaron “peores”.
El presidente de la Corte concentra un equipo de 97 asesores con un costo mensual de $6 millones de pesos. Mientras, la ministra Batres solicitó ampliar sus oficinas para acomodar a su creciente personal de apoyo. La opulencia choca con el discurso de austeridad que promueve el gobierno.
En Coahuila, la Secretaría de Educación (SEDU) enfrenta otro escándalo. Durante jornadas de pacificación escolar, un video en redes exhibió una pelea violenta entre estudiantes y la incapacidad de la prefecta para intervenir. Se revela, además, que la SEDU tiene un grupo influyente que opera al margen de la dirección oficial, y que el 70% de los juicios administrativos de la dependencia son contra maestros.
En medio del descontento, surge una buena noticia para el transporte de carga. El saltillense Augusto Ramos Melo, de la firma RAME, busca la presidencia nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), prometiendo impulsar mejoras en carreteras y condiciones para el sector.
En lo judicial, el magistrado Mery pidió un polémico presupuesto de $1,420 millones de pesos para nuevas oficinas y personal, en un momento en que los juzgados ya tienen exceso de personal y costos elevados en rentas. El juzgado laboral de Saltillo cuenta con 22 auxiliares, pero sus retrasos en sentencias son evidentes.
El panorama judicial y político luce complicado. La transformación prometida se traduce en más gastos, menos eficacia y un sistema legal que podría dejar desprotegidos a los ciudadanos.
