Un juez federal de Tijuana negó a la diputada federal morenista Hilda Brown Figueredo la suspensión definitiva para levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias. La resolución fue emitida ayer y notificada hoy, en respuesta al amparo interpuesto por Brown el 2 de octubre.
Las cuentas de Brown, en Banorte e Inbursa, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos la señalara como aliada de presuntos criminales vinculados al grupo delictivo La Mayiza en Baja California.
El juez Marco Antonio Arreola, titular del Décimo Distrito en Tijuana, sostuvo que la suspensión definitiva no procedía porque Brown no presentó documentos que acreditaran ser titular de las cuentas bloqueadas, requisito básico para su demanda.
Desde antes, el mismo juez ya había negado la suspensión provisional por la misma razón. Aunque este mes ordenó a la UIF enviar copia del acuerdo de bloqueo bajo apercibimiento de multa, el fondo del juicio sigue sin resolverse.
Además, una reforma reciente a la Ley de Amparo, vigente desde el 17 de octubre, limita severamente el acceso a suspensiones provisionales contra bloqueos de la UIF y obliga a quien demanda demostrar la licitud total de sus recursos para acceder a una suspensión definitiva, un proceso que puede tardar meses.
Brown podría solicitar una medida alternativa que permitiría disponer solo de recursos mínimos para su subsistencia y la de personas a su cargo, pero no el desbloqueo total de sus cuentas.
La Suprema Corte ha declarado que los bloqueos de la UIF son inconstitucionales, salvo cuando provienen de solicitudes formales de autoridades extranjeras en colaboración con México. En este caso, el juez Arreola deberá aclarar si la designación de la OFAC cumple con ese criterio en la audiencia constitucional prevista para el 13 de noviembre, aun con posibilidad de aplazamiento.
El 19 de septiembre, tras la publicación de la lista de sancionados por EU, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México aún no había reunido pruebas suficientes para bloquear las cuentas de Brown, poniendo en entredicho la colaboración nacional con la sanción extranjera.
