La ONU reunió este fin de semana en Vietnam a 60 países para firmar un acuerdo histórico contra la ciberdelincuencia que afecta a la economía global con pérdidas millonarias. La Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia busca acelerar la cooperación internacional para combatir delitos como phishing, ransomware, tráfico ilegal en línea e incluso incitación al odio.
El pacto entrará en vigor una vez que 40 países lo ratifiquen y fue destacado por el secretario general António Guterres en la ceremonia de apertura:
“El ciberespacio se ha convertido en terreno fértil para los delincuentes… estafas sofisticadas defraudan familias y drenan miles de millones de dólares de nuestras economías.”
Para Vietnam, país anfitrión, la firma representa un impulso para fortalecer su papel global y sus defensas ante crecientes ataques a infraestructuras críticas. El presidente Luong Cuong expresó que el tratado es un símbolo del multilateralismo activo, donde las naciones enfrentan juntas retos comunes como la seguridad y la estabilidad.
Sin embargo, el acuerdo no está exento de críticas. Activistas y gigantes tecnológicos como Meta y Microsoft alertaron que la versión actual podría facilitar la vigilancia masiva, intercambio de datos entre gobiernos y castigar incluso a hackers éticos que detectan vulnerabilidades en sistemas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), responsable de la negociación, defendió que el tratado incluye salvaguardas para proteger los derechos humanos y fomenta investigaciones legítimas. Pero organizaciones de derechos humanos han señalado que la ambigüedad en la definición de ciberdelitos abre la puerta a abusos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también cuestionó el papel de Vietnam, donde se reportan detenciones por expresión en línea y censura digital.
El acuerdo ya contó con la firma de representantes de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que se suman a los esfuerzos para crear un marco global contra la ciberdelincuencia. Las pérdidas por estos delitos se estiman en billones de dólares anuales a nivel mundial, afectando seriamente la economía y seguridad digital.
Se espera que la convención marque un antes y un después en el combate al delito digital, aunque el proceso exigirá vigilancia constante para garantizar que no se use para limitar libertades ni derechos clave en internet.
