La consulta como mecanismo de participación política para personas con discapacidad fue defendida ayer en audiencias públicas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Jesús Axel, joven con cuadriparesia espástica, pidió a los ministros preservar este espacio como único canal de incidencia que tienen actualmente el 0.005% de la juventud con discapacidad en México.
Axel aseguró que el Estado debe garantizar mecanismos interseccionales para evaluar políticas públicas desde la perspectiva de quienes viven con discapacidad y señaló que sin consulta no hay democracia real para ellos. La audiencia es parte del proceso para definir si se invalidan reglas que regulan el derecho a consulta para este grupo.
También organizaciones defensoras, como las representadas por Sandra Padilla Zaldo, coincidieron en que la consulta debe mantenerse vigente y reforzarse. Padilla criticó reformas recientes en Michoacán que redujeron las visitas a hospitales psiquiátricos, advirtiendo que esto perpetúa la institucionalización sin consultar a los afectados.
“¿Quién decide qué nos favorece si no se nos pregunta? Aunque la ley sea perfecta, la podemos mejorar porque la consulta debe ser un proceso de buena fe, accesible y con capacidad de influir en las decisiones”, dijo Padilla Zaldo.
Su defensa está respaldada en precedentes nacionales e internacionales como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblo Saramaka vs. Surinam y la jurisprudencia local, que establecen que la consulta debe ser temprana, culturalmente adecuada y con información accesible.
La ministra Lenia Batres se defendió de acusaciones mediáticas y ratificó que su criterio busca acompañamiento para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se respeten. Otros ministros, como Rodrigo Arístides, Yasmín Esquivel e Irving Espinosa, coincidieron en respetar la dignidad y derechos de este sector.
Esquivel Mossa, reconocida por su postura pro derechos humanos, enfatizó que la consulta es un mandato jurídico y ético que obliga al Estado a derribar barreras estructurales. Subrayó que estas no deben interpretarse desde perspectivas ajenas a quienes enfrentan diariamente obstáculos para ejercer su plena ciudadanía.
“Ninguna decisión sobre las personas con discapacidad puede tomarse sin ellas; la SCJN debe garantizar su participación efectiva para respetar sus derechos”, afirmó Esquivel.
La discusión en la Corte que suma ocho ministros con la ausencia de Loretta Ortiz enfoca en definir si el derecho a la consulta es un trámite legal o un instrumento democrático sustantivo. Para muchas organizaciones este fallo significará asegurar o limitar la inclusión política de un sector históricamente marginado.
Con el respaldo del Tec de Monterrey y precedentes internacionales que obligan a México a armonizar sus leyes con tratados, la consulta a personas con discapacidad sigue siendo un tema clave para la justicia y la democracia en el país.
