La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) advirtió que la reciente reforma a la Ley de Amparo amenaza la certeza jurídica en México y pone en riesgo empleos e inversiones clave para la industria nacional.
El cambio legislativo aprobado en el Senado limita el “interés legítimo” solo a quienes tengan una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”, restringiendo la defensa colectiva, lo que dificulta a cámaras empresariales y organizaciones la protección de normas en áreas como medio ambiente o competencia económica.
“Esta definición entorpece la admisión de amparos y excluye a actores que tradicionalmente han defendido a comunidades y sectores completos”, explicó Canacintra en un comunicado.
Además, la reforma elimina la suspensión inmediata en casos críticos que afectan el sistema financiero, telecomunicaciones, deuda pública y competencia, dejando a las empresas expuestas a perder concesiones o autorizaciones incluso antes de que un juez valore su caso.
Para la industria, esto significa un riesgo regulatorio severo que puede frenar la inversión y perjudicar la competitividad de las cadenas productivas en México.
Canacintra también señaló que las empresas quedan con pocas vías para defenderse de resoluciones fiscales que impactan su liquidez y operación, ya que la reforma limita los amparos contra procedimientos fiscales y prescripción de créditos firmes.
Otro punto crítico es que la iniciativa podría eximir a autoridades de responsabilidad penal argumentando imposibilidad para cumplir sentencias, lo que debilitaría la eficacia de los amparos ganados.
Los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica están excluidos de la suspensión provisional, lo que expone a estas industrias a actos administrativos que podrían ser ilegales sin protección legal efectiva.
Canacintra pidió al Congreso no aprobar disposiciones que restrinjan la defensa legal de empresas y ciudadanos y solicitó la creación de foros inclusivos donde expertos jurídicos y empresarios puedan aportar para corregir los riesgos de la reforma.
“Una reforma legítima debe fortalecer la justicia sin sacrificar las garantías constitucionales que permiten a México crecer y competir en el mundo,” concluyó el organismo.
La reforma a la Ley de Amparo busca agilizar procesos y sancionar dilaciones, según el Ejecutivo, pero para la industria nacional, las consecuencias podrían ser graves para la seguridad jurídica y la estabilidad económica.
