La Secretaría de Marina (Semar) rescató hoy a 28 jóvenes — 27 menores de edad — que viajaban ilegalmente en una embarcación sobrecargada frente a las costas de Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa.
Durante un patrullaje de rutina, elementos de la Semar detectaron la embarcación sin permisos ni registro. Al inspeccionarla, confirmaron que casi todos tenían entre 14 y 17 años, y solo uno era mayor de edad. Los jóvenes estaban cansados, deshidratados y sin documentos.
Fueron trasladados al puerto de Topolobampo para atención médica y psicológica, luego llevados a un centro comunitario en Los Mochis. Permanecen bajo custodia oficial mientras se determina su situación legal.
En un principio se habló de un posible secuestro, pero el Síndico Municipal de Topolobampo, Ulises Pinzón, descartó esta versión y explicó que los jóvenes declararon haber sido contratados como jornaleros para trabajar en La Paz, Baja California Sur.
“Fueron contratados en calidad de jornaleros para trabajar en La Paz… no es un secuestro”, afirmó el funcionario.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación para determinar si los jóvenes son víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. No hay detenidos hasta ahora, pero analizan la posible participación de intermediarios que los reclutaron con promesas de empleo agrícola temporal en el noroeste del país.
En un comunicado, la FGE señaló que buscan esclarecer “las circunstancias del traslado, los responsables de la embarcación y el origen de los contratos laborales”. También garantizan la protección integral de los menores conforme a la ley.
Los jóvenes están bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que junto con el DIF estatal les brinda atención médica, psicológica y legal.
Personal especializado trabaja en la identificación y localización de sus familias. Autoridades federales analizan trasladar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), pues el traslado marítimo interestatal podría configurar delitos federales.
