El Ayuntamiento de Rosarito dio un paso decisivo para la regularización de 52 colonias y fraccionamientos irregulares, al aprobar en Cabildo un convenio con el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) del estado y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
La sesión ordinaria del jueves 25 de septiembre fue unánime en la aprobación. La alcaldesa Rocío Adame Muñoz destacó el alcance histórico del convenio, que permitirá a muchas familias regularizar sus predios después de años de demandas.
“La ciudadanía está pidiendo desde hace mucho tiempo que logremos cruzar la información con el Ayuntamiento porque antes el INDIVI regularizaba sin pasar por nosotros, y ahora corregiremos esos rezagos,” dijo.
Además, el acuerdo facilitará la recuperación y legalización de áreas de donación, incluso en zonas complicadas como cañones. El Ayuntamiento ya ha iniciado acciones contra fraccionadores que promovieron asentamientos informales y que aún operan sin cumplir con obligaciones.
La alcaldesa responsabilizó tanto a los gobiernos previos como a los desarrolladores, a quienes urgió a colaborar para entregar fraccionamientos con infraestructura básica, como vialidades y obras hidráulicas. “Hay un fraccionador con hasta 17 fraccionamientos, y ya les llamamos la atención para que paguen con obras y no solo con dinero,” añadió.
El beneficio de regularizar no solo es legal y social para las familias, también representa mayor recaudación fiscal para el Ayuntamiento, traducida en más obras y servicios.
“Si no logramos convenios para que paguen obras o servicios, no vamos a avanzar. Siempre habrá que ceder, pero es en beneficio de los ciudadanos,” afirmó Adame Muñoz.
Finalmente, advirtió que los grandes deudores del predial comenzarán a ser requeridos con créditos fiscales, marcando una presión formal para quienes evadan sus pagos.
Este convenio marca un avance importante en la lucha contra las irregularidades en la vivienda y desarrollo urbano en Rosarito, donde el rezago prolongado había frenado el acceso a servicios esenciales y protección jurídica para miles de residentes.
