La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró no ser competente para investigar a consejeros y exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionados con la postergación en 2021 de la consulta de revocación de mandato.
El caso fue impulsado por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, que reactivó la investigación tras detectar posibles responsabilidades administrativas. Sin embargo, el TEPJF consideró que se trata de un asunto de carácter administrativo, no electoral, y remitió el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, calificó la decisión como preocupante, pues abre la puerta a que las decisiones y votos de las consejerías sean cuestionados como actos administrativos. Aunque reconoció el respeto a la autoridad del Tribunal, advirtió que hay riesgo de que se multipliquen investigaciones por las decisiones electorales.
“Claro que preocupa que en adelante este tipo de situaciones se incrementen”
Por su parte, el magistrado de Sala Superior, Gilberto de Guzmán Bátiz, quien asumirá la presidencia del TEPJF en noviembre, explicó que el tribunal dilucidó que la competencia para este tipo de investigaciones no es electoral, sino administrativa. Señaló que los consejeros tienen derecho a actuar con independencia e imparcialidad sin miedo a sanciones disciplinarias basadas sólo en sus votos.
“No se pueden fincar responsabilidades por el simple dicho de alguna de las partes o mucho menos por haber emitido una resolución”
El magistrado Felipe Fuentes Barrera detalló que el proceso continúa de forma administrativa y que la resolución final dependerá del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se realizarán audiencias para desahogar pruebas. Aclaró que aún no hay sanciones y queda un largo camino para resolver el fondo del asunto.
La consejera Claudia Zavala, una de las investigadas, presentó un recurso particular ante el TEPJF. Guadalupe Taddei confirmó que en este caso la Dirección Jurídica del INE no intervino.
El despliegue del OIC seguirá su curso, y el caso se define ahora en la vía administrativa, marcando un precedente sobre cómo se tratarán posibles responsabilidades relacionadas con decisiones internas del INE.
