El sistema de ITV en la Comunitat Valenciana sufre una crisis tras la reversión a la gestión pública el 25 de febrero de 2023. El absentismo laboral en las estaciones de ITV gestionadas por SITVAL se disparó hasta un 16-18%, doblando con creces la media regional del 6,4% y afectando gravemente la productividad.
En plena campaña electoral y bajo presión de los socios de gobierno (Compromís y Podemos), Ximo Puig impulsó la reversión tras 25 años de concesiones privadas. El objetivo declarado era mejorar la calidad y aumentar ingresos públicos, estimados en hasta 40 millones de euros anuales, muy por encima de los 7 millones que generaban las concesionarias.
Sin embargo, los costes y reclamaciones superaron las previsiones. Las empresas concesionarias reclaman más de 130 millones por la bajada de tarifas durante los años de concesión. La realidad hoy es otra: los usuarios enfrentan esperas de más de ocho semanas para conseguir cita, especialmente en vehículos pesados, y denuncian baja calidad en la atención.
El impacto ya es palpable en la deslocalización de las inspecciones. Según datos oficiales, 291.662 vehículos eligieron pasar la ITV fuera de la Comunitat Valenciana en 2024, desplazándose a Murcia, Castilla-La Mancha o Tarragona, frente a 2.332.087 inspecciones realizadas en 2022 antes de la reversión.
La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) criticó duramente la situación que afecta a las empresas del sector. Su presidente, Carlos Prades, renunció hace poco al consejo de administración de SITVAL, alegando “falta de soluciones al colapso del sistema” y señalando que las estaciones valencianas “han dejado de ser una opción real” para muchos transportistas.
“Pagamos más que en otras comunidades por un servicio menos eficaz y que genera incertidumbre,” dijo Prades
El Gobierno de Puig prometió en su día más ingresos y calidad, pero la realidad confirma ausencia de gestión eficaz y pérdida de confianza. La insatisfacción ciudadana crece mientras la Generalitat sigue enfrentando litigios y el sistema público parece no estar preparado para cubrir la demanda, especialmente en el sector industrial.
En resumen, la reversión a la gestión pública de las ITV en la Comunitat Valenciana ha empeorado los servicios, disparado el absentismo y provocado la fuga masiva de usuarios a comunidades limítrofes, hundiendo la planificación de Ximo Puig y sus socios.
