La Audiencia de Bizkaia absolvió esta semana a una enfermera acusada de fingir la vacunación de al menos 38 menores en el centro de salud de Kabiezes, en Santurtzi, entre febrero de 2021 y septiembre de 2022.
La sentencia reconoce que la sanitaria no administró las vacunas de triple vírica, varicela y tétanos a esos niños aunque sí registró en sus historiales clínicos y en las cartillas de vacunación que sí lo había hecho. Osakidetza confirmó la falta de anticuerpos en análisis serológicos y tuvo que volver a vacunar a todos los menores implicados, lo que supuso un coste adicional de 20.000 euros.
El tribunal concluye que la enfermera padecía un trastorno delirante que anuló totalmente su capacidad intelectual y volitiva en el momento de los hechos, por lo que se le aplicó la eximente completa de alteración psíquica. Aun así, se le impusieron siete años de tratamiento psiquiátrico externo y la inhabilitación para ejercer en el ámbito sanitario.
La Audiencia calificó como “creíbles y coherentes” los testimonios de los padres, que relataban la rapidez con la que la enfermera administraba las vacunas y la falta de efectos secundarios posteriores, algo inusual en esta práctica.
El tribunal ha remitido además una exposición razonada al Ministerio de Justicia para que evalúe si debería tipificarse como delito el acto de un empleado público que, por su cargo, obliga a vacunar a menores y no cumple con esa función, generando un grave riesgo para la salud pública. Según la Audiencia, esta conducta no está actualmente tipificada en el Código Penal pese a su gravedad.
La enfermera tiene reconocida incapacidad total para ejercer su profesión desde octubre de 2024 y deberá indemnizar a Osakidetza por los costes generados al tener que revacunar a los menores afectados.
Este caso pone en alerta los protocolos de control y supervisión de vacunas en el sistema público de salud vasco, donde una persona con un trastorno mental pudo simular la administración real de dosis esenciales para prevenir enfermedades contagiosas.
