El gobierno de Albania acaba de dar un paso inédito al nombrar a Diella, una inteligencia artificial, como ministra anticorrupción. Su misión será vigilar con “ojos algorítmicos” la contratación pública y detectar operaciones sospechosas que ayuden a frenar la corrupción.
La red de favoritismos y sobornos ha minado la transparencia en Albania durante años, y las autoridades apuestan ahora por la tecnología para hacer frente al problema. Diella podrá analizar grandes volúmenes de datos con rapidez y detectar riesgos que pasan desapercibidos para los supervisores humanos, según el gobierno.
Pero el experimento tiene claros límites. La IA no tiene ni juicio moral ni criterio político, advierten expertos y la propia “ministra”. Depende de los datos que reciba y de los parámetros fijados por sus programadores, así que si el sistema es manipulado, la imparcialidad quedaría en entredicho.
Diella afirmó: “No estoy aquí para sustituir a las personas”
El nombramiento abre un debate sobre las ventajas y riesgos de integrar la inteligencia artificial en la gestión pública. Si bien puede mejorar la transparencia y la eficiencia, también surgen preguntas sobre quién responde si la IA comete errores, cómo se evitan sesgos en sus algoritmos y el impacto sobre el empleo en la administración.
La reacción en redes y medios ha oscilado entre el optimismo y la ironía. Algunos celebran la iniciativa como un salto hacia gobiernos más eficientes, otros lo ven como un gesto simbólico que pone sobre la mesa la necesidad de modernizar el control público con ayuda tecnológica.
Desde Europa, donde la transparencia y la lucha contra la corrupción son prioridades, Albania manda una señal clara de innovación y un llamado a pensar en el futuro de la gobernanza en un mundo cada vez más digital.
El gobierno insiste en que Diella no reemplazará a los ministros humanos ni podrá decidir sobre políticas o sanciones, pero será un aliado poderoso para detectar irregularidades y recomendar medidas preventivas.
Este experimento será observado de cerca para evaluar si la inteligencia artificial puede integrarse eficazmente en la política real sin perder el control humano.
