Begona Gómez, esposa del presidente del Gobierno, afronta un día clave este sábado 27 de septiembre. A las 18:00 está citada en los juzgados de Plaza de Castilla para recibir la notificación formal de su imputación por el delito de malversación, un paso esencial en la instrucción del caso. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, abrirá así la puerta a un posible juicio con jurado popular.
La imputación se produce en paralelo a la citación de Cristina Álvarez, asesora personal de Gómez durante la etapa investigada, y Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, también imputados en esta pieza separada.
El magistrado sospecha que la contratación de Álvarez en 2018 pudo ser fraudulenta y que pudo realizar actividades privadas para Gómez mientras cobraba un sueldo público. Esta comparecencia no es una declaración probatoria, sino la comunicación oficial de la calificación jurídica provisional de los hechos que se investigan.
Por seguridad, Gómez, como en ocasiones anteriores, accederá a través del garaje del complejo judicial. En esta sesión las partes pueden pedir diligencias adicionales o solicitar el archivo de las actuaciones. Peinado decidirá si concluye la instrucción o la prolonga.
Mientras, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza nuevos correos electrónicos aportados por el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio. Estos mensajes involucran a Gómez y Álvarez y giran en torno a contrataciones, eventos y colaboraciones académicas que podrían ampliar la causa.
En este caso también figura como testigo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, entonces secretario general de la Presidencia en 2018. Peinado lo interrogó en La Moncloa después de que Bolaños negara haber intervenido en la contratación de Álvarez alegando que no era su superior ni conocía sus funciones concretas.
“La figura de asistente de la mujer del presidente ha existido siempre”, dijo Bolaños defendiendo la legalidad.
Peinado no quedó satisfecho y solicitó al Supremo investigar a Bolaños por malversación y falso testimonio. El Alto Tribunal rechazó abrir causa al considerar que no había indicios suficientes.
La Audiencia Provincial de Madrid tiene abiertos siete recursos pendientes de resolver entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre que pueden modificar el rumbo de la causa. Se decidirá sobre la imputación de Gómez y Álvarez y también sobre la petición controvertida del juez de revisar todos sus correos electrónicos personales y profesionales desde 2018.
Estos pronunciamientos llegarán justo antes de que Peinado decida si amplía la instrucción otros seis meses, plazo amparado por la declaración de causa compleja que acordó en abril.
Fuentes judiciales apuntan que esa prórroga es probable, dado el volumen de diligencias pendientes y el análisis reciente de nueva información. El juez tiene un año exacto para jubilarse y debe cerrar o dejar encarrilado el caso antes de esa fecha.
Volver a ver a Begona Gómez citada en Plaza de Castilla este sábado subraya la tensión judicial en un proceso que sigue en plena fase de instrucción y que mantiene el foco en altos cargos del entorno del presidente Sánchez.
