Los bomberos que participaron en la extinción de incendios forestales en Castilla y León han vuelto a exigir la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco por lo que califican de “criminal e inepta gestión” del operativo.
En una protesta durante el VII Congreso ITE+3R en Palencia, una delegación de bomberos recordó que, aunque los incendios ya se han apagado, la indignación sigue viva. Alertaron que la responsabilidad de la gestión recae en las comunidades autónomas y cuestionaron la falta de preparación de Castilla y León para hacer frente a este año marcado por 141.000 hectáreas calcinadas y la pérdida de cuatro vidas.
Los trabajadores denuncian la precariedad laboral y anuncian que el reciente Decreto-Ley aprobado por la Junta mantiene las condiciones “pésimas” y ni siquiera abre una negociación real con los sindicatos. En concreto, el decreto impone sin diálogo medidas para personal funcionario y laboral que solo ofrecen un aumento salarial de 75 euros brutos al mes, considerado “una limosna” para quienes arriesgan la vida en el fuego.
Además, señalan que el decreto recoge la privatización encubierta del operativo en un plazo de tres años, ya que la gestión se entregará a empresas públicas de capital privado como Tragsa y Somacyl, cuyos empleados “no serán empleados públicos”. Según los bomberos, esto “descapitalizará el servicio y empeorará la capacidad de prevención y extinción”.
Este colectivo solicita la estabilidad laboral con personal fijo durante todo el año, la eliminación de intermediarios y una mejora salarial acorde con la peligrosidad que enfrentan. Destacan que esta situación afecta a miles de habitantes de decenas de pueblos evacuados durante los incendios.
«Exigimos la dimisión por su inepta, negligente y criminal gestión del operativo forestal, respondiendo a la falta de medios, recursos y diálogo», afirmaron los bomberos.
Por último, relataron que el consejero de Medio Ambiente abandonó el congreso por una puerta trasera, hecho que atribuyen a una “evitación” de sus reivindicaciones.
El operativo de incendios en Castilla y León se encuentra en alerta máxima tras un verano crítico y la amenaza de nuevas temporadas secas. El debate sobre la gestión pública o privada del servicio vuelve a la agenda política mientras bomberos y sindicatos anuncian movilizaciones.
