Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, ha urgido hoy a no demorar la renovación del TC para evitar daños en el sistema jurídico español. Lo advirtió en la apertura de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, en Madrid, que reúne a representantes de cortes constitucionales de 85 países.
Cuatro magistrados del Tribunal constitucional, incluido Conde-Pumpido, terminan mandato en diciembre y aún no hay avances entre PSOE y PP para nombrar a sus sustitutos. La renovación requiere mayoría reforzada en el Senado, exigencia que complica el acuerdo político.
“Bloquear la renovación de una institución puede afectar al buen funcionamiento del sistema jurídico”, dijo Conde-Pumpido a los periodistas.
El presidente del TC destacó que retrasos moderados son habituales, pero mencionó como un grave problema el bloqueo de más de cinco años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Es una anomalía grave”, afirmó sin dar plazos concretos para evitar interferencias políticas.
Además, Conde-Pumpido alertó sobre las amenazas que sufren los tribunales constitucionales: la interferencia política directa, la obstrucción en la ejecución de sus sentencias y campañas mediáticas que cuestionan su independencia. Comentó que estos ataques no son nuevos, pero surgen “fórmulas nuevas” para debilitar a las cortes.
En ese contexto, abordó su encuentro bilateral con la delegación de Ucrania, señalando que “los estados de derecho no se han convertido en un estado mundial de derecho” y que “los problemas siguen resolviéndose por la fuerza”.
La conferencia, que clausurará el jueves el rey Felipe VI, abordará cómo garantizar los derechos humanos de futuras generaciones. Conde-Pumpido llamó a desarrollar soluciones innovadoras para que esos derechos no sean sacrificados por intereses presentes.
Entre los invitados destaca Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, quien expondrá su experiencia tras acusar al expresidente Bolsonaro de planear un golpe de Estado. Este caso desnuda la presión política sobre tribunales de alto nivel, similar a la que puede sufrir el TC español.
La sombra de la inacción de PSOE y PP sobre la renovación del TC pone en riesgo la estabilidad y el buen funcionamiento del principal órgano de control constitucional en España, justo cuando el mundo judicial debate su independencia y credibilidad.
