El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció este martes que investigará a empresas que publicitan en España bienes o servicios procedentes de territorios palestinos ocupados por Israel.
La investigación se basa en el real decreto-ley aprobado la semana pasada para adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y apoyar a la población palestina. El artículo 4 prohíbe expresamente la publicidad de productos vinculados a esos territorios.
El ministro Pablo Bustinduy aseguró que se usarán todos los recursos para evitar que empresas españolas se lucren con la ocupación, calificando estas actividades como “manchar sus cuentas con la sangre del pueblo palestino”.
Consumo busca que cualquier firma que opere en España abandone operaciones, directas o indirectas, relacionadas con la ocupación ilegal israelí, señalando que mantienen ese comercio perpetúan “esfuerzos coloniales y genocidio”.
Esta medida llega tras un informe de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, que alerta sobre empresas que se benefician de la ocupación. La Fiscalía de Países Bajos también estudia denuncias por posibles irregularidades relacionadas.
Lista negra de la ONU incluye cuatro empresas españolas
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos actualizó la lista de compañías vinculadas a asentamientos ilegales israelíes, sumando 68 nuevas y alcanzando un total de 158. En esa lista aparecen cuatro españolas: ACS, SEMI, CAF e Ineco.
ACS rechazó tener actividad en Israel y pidió que se retire su nombre del listado. Informó que SEMI fue vendida en 2021 y ya no forma parte del grupo. Ineco aclaró que solo participa en infraestructura dentro de territorios reconocidos oficialmente como israelíes y está desvinculándose de contratos con Israel desde octubre de 2023.
Por su parte, CAF, con capital público vasco, sí participa en un tranvía que cruza territorio ocupado. La empresa emitió un comunicado defendiendo su compromiso con los derechos humanos, transparencia y un estricto marco ético.
La investigación del Ministerio de Consumo se suma a un contexto internacional crítico sobre la legitimidad económica de las actividades en los territorios palestinos ocupados y el impacto de la ocupación en el pueblo palestino.
