Mohamed R., detenido por la violación de una niña de 14 años en Hortaleza (Madrid), no es un menor de 17 años como decía, sino un adulto de 23. Así lo confirmaron pruebas médicas realizadas en el Hospital Gregorio Marañón, que desestimaron la documentación falsa presentada, que indicaba una fecha de nacimiento en diciembre de 2007.
Las radiografías de carpo, dentición y clavículas revelaron que la edad biológica probable del acusado supera los 23 años, con un mínimo estimado por los peritos cercano a los 19. El informe forense obliga a invalidar la condición de menor y abre la puerta a que Mohamed R. sea juzgado como adulto. La magistrada que seguía el caso en el Juzgado de Menores ha solicitado trasladar la causa a un juzgado ordinario de Madrid, lo que implica que podría ingresar en prisión próximamente.
El caso vuelve a alimentar el debate sobre la seguridad del sistema que acoge a los llamados “menas” (menores extranjeros no acompañados). Mohamed R. había sido arrestado ocho veces en apenas cuatro meses en Madrid por delitos que incluyen robos, amenazas y agresiones, pero siempre quedó libre por estar bajo la protección del régimen jurídico para menores. Solo tras la violación fue retenido preventivamente.
Desde el Ministerio de Inclusión reconocen que en el centro de inmigrantes de Alcalá de Henares hay cerca de 40 personas con edades sospechosas, pendientes de análisis radiológicos para confirmar si realmente son menores. Muchas llegaron a España, vía aérea desde Canarias, alegando ser menores para evitar centros con controles más estrictos.
Las sospechas sobre la verdadera edad de Mohamed R. surgieron meses antes, cuando ingresó en un centro de menores, pero se negó a someterse a las pruebas óseas. Fue la Fiscalía de Menores la que ordenó estas pruebas tras la agresión el 29 de agosto, confirmando el engaño.
El falso menor marroquí utilizó la mentira para evitar la cárcel y aprovechar la protección legal que ofrece el sistema español a los menores extranjeros. Sin embargo, las pruebas han dejado claro que debe ser tratado como un adulto. Ahora queda por ver cómo afecta este caso a futuras políticas y controles sobre los “menas” en España, asunto que PP y PSOE bloquean a pesar de las peticiones de VOX para hacer más test de edad.
