Delia García, directora de la ONG Quorum Social 77 en Canarias, ha reconocido que muchos menores extranjeros no acompañados (menas) usan denuncias falsas ante la fiscalía como método de presión para neutralizar a los educadores sociales que les imponen límites.
En unas declaraciones grabadas difundidas por el experto @CanarioToday, García admitió que los jóvenes “ya han cogido el mecanismo de ir a la fiscalía, denunciar y que automáticamente se les crea”. Esto les permite manipular a los profesionales y actuar con impunidad dentro de los centros de acogida gestionados por la ONG.
La polémica cae sobre Quorum Social 77, una entidad clave en la gestión de programas para menas en una región con un aumento exponencial de menores inmigrantes en los últimos años. La ONG ya arrastra críticas por la gestión de fondos públicos, condiciones precarias en los centros y episodios de violencia que han dejado a varios educadores agredidos física y psicológicamente.
Además, se denuncia que las partidas millonarias que recibe Quorum Social 77 del Gobierno canario carecen de una fiscalización clara, empeorando la crisis de confianza. Trabajadores y sindicatos han alertado de presiones para silenciar irregularidades internas, mientras continúan las quejas por falta de recursos y precariedad laboral.
La admisión explícita de la propia directora sobre las denuncias falsas como arma para intimidar añade tensión a un sistema ya cuestionado. Organizaciones profesionales sostienen que este fenómeno refleja un problema estructural sin respuestas por parte del Gobierno ni la ONG.
Esta situación abre un debate urgente sobre cómo conciliar la protección de los derechos de los menas con la seguridad y dignidad de los educadores que trabajan en la tutela, al tiempo que se demanda máxima transparencia en el uso de los fondos públicos.
Por ahora, las palabras de García han golpeado de lleno la credibilidad de una organización que gestiona un capítulo sensible de la política migratoria en Canarias.
