Dos vecinas de A Pobra do Brollón (Lugo) se enfrentan a cuatro años de prisión por presunta estafa a una anciana octogenaria, según la Fiscalía, que acusa a las mujeres de haber influido para que la víctima les donase tres fincas y retirara 2.000 euros de un banco.
La segunda y última jornada del juicio en la Audiencia Provincial reunió la declaración de las acusadas, quienes negaron los cargos y defendieron que solo intentaron ayudar a la mujer, que según ellas temía a sus sobrinos.
Las sospechas surgen después de que la anciana, ya fallecida, mostrara un deterioro mental progresivo y episodios de agresividad contra familiares y vecinos. Tras un ingreso breve en una residencia en O Barco de Valdeorras, las dos acusadas la sacaron del centro y la llevaron a vivir con una de ellas en Monforte, según la Fiscalía, con un plan deliberado para obtener un beneficio ilícito.
Fuentes del Ministerio Público explican que, durante ese periodo, la mujer firmó la cesión de tres propiedades valoradas en más de 218.000 euros, y retiró una cantidad en efectivo. Posteriormente, las mujeres la dejaron en el hospital Comarcal de Monforte alegando que no podían cuidar de ella, y la anciana fue ingresada finalmente en una residencia en Chantada, donde murió en 2019 con incapacidad total declarada.
Sin embargo, las acusadas atribuyen la salida de la residencia a una abogada que representaba legalmente a la anciana, y aseguran que ellas solo la protegieron, alejándola de sus sobrinos, ya que la víctima no quería estar en el centro ni con ellos.
Las versiones se contraponen a las aportadas en la primera sesión por la familia, que sostiene que siempre supervisó el cuidado de la mujer y que fue ingresada inicialmente por su mal estado y conducta agresiva provocada por su deterioro cognitivo. La familia y la trabajadora social confirmaron que conocían tanto la cesión de los bienes como la retirada de dinero.
El Ministerio Fiscal elevó su petición de pena a cuatro años de prisión para cada acusada y mantiene la reclamación de una indemnización de 2.000 euros para los herederos. La acusación particular solicita cinco años de cárcel y una compensación mayor, de 9.680 euros.
