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Ecologistas denuncian ocupación ilegal de suelo protegido en Suances

Persisten caravanas y construcciones ilegales en suelo rústico protegido de Suances pese a órdenes de retiro.

Ecologistas en Acción Cantabria ha denunciado la continua ocupación ilegal de suelo rústico protegido en el paraje Monte Lugar, Suances, donde caravanas, autocaravanas y una plataforma tipo merendero mantienen un uso prohibido del terreno.

A pesar de una orden firme emitida hace meses por el Ayuntamiento de Suances para retirar las construcciones y desocupar el espacio, las instalaciones siguen ahí. Desde el colectivo ecologista aseguran que la ocupación está consolidando una “impunidad urbanística gravísima” y una privatización del espacio público.

El expediente municipal 2024/1216, iniciado tras denuncia de SEPRONA, confirma que la propiedad de la parcela viola la legislación urbanística y ambiental vigente. El Ayuntamiento reconoce la “incompatibilidad radical” de estos usos con la ordenación urbanística local, por prohibir expresamente el uso residencial y la acampada en suelo rústico protegido.

Según la resolución municipal notificada el 14 de octubre de 2025, estos hechos pueden constituir una infracción urbanística muy grave, con multas previstas entre 30.001 y 300.000 euros. Además, existe la obligación de demoler y restaurar el terreno a su estado original.

“Lo que ocurre no es un despiste ni un error: es la ocupación deliberada de suelo protegido y la prolongación de un uso prohibido pese a órdenes firmes”, denunció Ecologistas en Acción.

El colectivo critica que la falta de acción inmediata del Ayuntamiento no solo permite la ilegalidad, sino que envía un mensaje peligroso: la posibilidad de privatizar parcelas protegidas sin consecuencias reales.

Ecologistas en Acción exige una ejecución subsidiaria inmediata que retire todas las estructuras, la sanción ejemplarizante prevista por la ley, y un refuerzo de la vigilancia para evitar nuevas apropiaciones ilegales en el territorio.

El caso de Suances pone en evidencia la tensión entre protección ambiental y control urbanístico en zonas protegidas de Cantabria, y alerta sobre la necesidad de aplicar la ley sin dilación para evitar daños irreversible al entorno.

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