El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida y el Partido Popular, aprobó esta semana una polémica proposición impulsada por Vox que obliga a informar a las mujeres que solicitan abortos sobre el denominado “síndrome post-aborto”, un trastorno que no está reconocido ni avalado por la comunidad científica.
Según el texto aprobado, los centros públicos de Madrid Salud, Espacios de Igualdad, Samur Social y los trabajadores sociales deberán ofrecer esta información de forma verbal y escrita, visible permanentemente y también promocionarla en sus webs oficiales, carteles y folletos.
Vox sostiene que el supuesto síndrome es “algo conscientemente ocultado, especialmente en España”, argumentando que el aborto es un “gran negocio para la ideología feminista” y sugiriendo que detrás del impulso al aborto existe una agenda.
La propuesta antiabortista recibió el respaldo del PP, una vez más alineado con la ultraderecha para impulsar medidas controvertidas contra el derecho al aborto.
Rechazo de la oposición y respaldo a derechos reproductivos
La concejala de Más Madrid, Carolina Elías, respondió de inmediato tachando el “síndrome post-aborto” de “término utilizado para infundir miedo y amenazar a las mujeres que optan por interrumpir su embarazo”. Añadió que “no es un diagnóstico médico reconocido por la salud mental” y que la evidencia científica actual no respalda su existencia.
“Los riesgos de salud mental están más ligados a embarazos no deseados que al aborto en sí”, dijo Elías, citando estudios recientes que muestran que el acceso legal al aborto reduce embarazos en menores, matrimonios forzados y mejora la vida y felicidad de las mujeres.
La concejala también denunció que en la Comunidad de Madrid el derecho al aborto está “bajo ataque” y criticó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por dificultar el acceso público a este servicio. Según Elías, solo el 0,31% de los abortos se realizan en la sanidad pública, obligando a muchas mujeres a pagar entre 300 y 500 euros.
Más Madrid exige blindar constitucionalmente el derecho al aborto, garantizarlo como prestación sanitaria pública sin trabas y cambiar leyes que discriminan especialmente a mujeres migrantes.
Esta polémica medida vuelve a reavivar el debate sobre el aborto en Madrid, con una derecha que aprovecha la mayoría para imponer mensajes basados en teorías sin respaldo científico, mientras la izquierda local llama a defender los derechos reproductivos y el acceso universal.
