La afirmación política de clausurar la central nuclear de Almaraz desató un intenso debate en España, especialmente en la región de Extremadura, donde el impacto socioeconómico será inmediato.
Almaraz, considerada una piedra angular en el suministro energético español, ha entrado en el ojo del huracán por la decisión de cerrarla, pese a su condición de energía libre de emisiones de CO2 y dentro de la estrategia de descarbonización que impulsa la Unión Europea.
Este cierre se da en un momento en que la transición energética en España y el continente europeo lucha por reducir la dependencia de fuentes fósiles externas, posicionando a las centrales nucleares como una fuente “verde” y estabilizadora en el mix eléctrico.
El impacto en el empleo local es alarmante. Almaraz no solo genera energía, sino que sostiene miles de empleos directos e indirectos que ahora se ven amenazados. Varias voces alertan sobre la falta de planes claros para la reconversión laboral y económica de la zona.
Desde el punto de vista energético, los expertos advierten que clausurar Almaraz podría aumentar la importación de energía fósil, justamente lo que las políticas climáticas buscan evitar. España podría enfrentar mayores costes y riesgos para cumplir con los objetivos verdes.
Por su parte, las autoridades defienden que el cierre está en línea con la agenda climática y de seguridad, aunque las dudas sobre alternativas inmediatas energéticas son crecientes.
Almaraz había sido reevaluada y cobró nuevo protagonismo cuando las nucleares pasaron a considerarse fuentes de energía verde, pero la balanza política y económica parece inclinarse ahora hacia su cierre.
En resumen, el debate ahora se centra en cómo España puede cumplir sus metas de energía limpia sin sacrificar la estabilidad del suministro y el bienestar de las comunidades dependientes de estas infraestructuras.
