El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se convierte en el primer titular de su cargo investigado y acusado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, un proceso que marca un hito en la historia judicial española. Todo comenzó con una querella por revelación de secretos derivada de una nota informativa que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) remitió al Supremo el 15 de julio de 2024.
La causa se abrió formalmente el 15 de octubre ante una Sala de Admisión presidida por Manuel Marchena, a pesar de la oposición inicial de la magistrada ponente Susana Polo, que consideraba legal la información objeto del litigio. Polo explicó que accedió a firmar la admisión bajo la promesa de que la investigación sobre las diligencias no iría más allá y acabaría archivándose, una práctica habitual que esta vez no se cumplió.
La causa tiene su origen además en dos querellas presentadas por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Colegio de Abogados de Madrid. Amador está acusado de defraudar más de 350.951 euros con facturas falsas tras ganar un contrato de mascarillas por valor de 2 millones de euros.
Un papel clave lo desempeñó Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Díaz Ayuso, quien filtró a medios un correo interno de la Fiscalía y alimentó una campaña de intoxicación y presión mediática vinculada a esta causa. MAR difundió mensajes en redes y lanzó advertencias anticipando la apertura del caso contra García Ortiz. Su influencia en la comunicación del proceso molestó a algunos magistrados, incluido Marchena, quien negó contactos directos con el equipo de MAR.
La instrucción, a cargo del juez Ángel Hurtado, trató de centrarse en un correo del 2 de febrero de 2024, en el que se proponía un pacto judicial que implicaba confesión de delitos fiscales. Pero el curso del proceso ha sido marcado por filtraciones y manipulaciones mediáticas, con periodistas incluso aportando sus comunicaciones como pruebas oficiales.
El presidente del tribunal de enjuiciamiento será Andrés Martínez Arrieta, cuyo mandato dura hasta abril de 2027, y que ha mantenido tensos intercambios con el juez instructor. La división interna amenaza con una sentencia no unánime: se prevé un fallo 4-3, con Marchena, Lamela, Berdugo y Del Moral a favor de condena, y Polo, Palomo y posiblemente Ferrer inclinándose hacia la absolución.
García Ortiz llegó a considerar su renuncia tras una negativa a archivar la causa; incluso pidió al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que le permitiera dimitir. Finalmente defendió seguir en el cargo por “la verdad”, en un acto público junto al rey Felipe VI el pasado septiembre.
El proceso pone en primer plano la gestión de la Fiscalía General y abre un debate sobre la política judicial, la filtración de información sensible y las presiones internas en el Supremo. La causa también ha afectado a cabeceras como El País, que terminó con la destitución de su entonces directora, Pepa Bueno, en medio de escándalos por filtraciones.
Queda pendiente el juicio oral, que será el evento central del mandato de Martínez Arrieta y un punto de inflexión para la Fiscalía y la Justicia española.
