El Gobierno de España ha amenazado con llevar a la Junta de Andalucía a los tribunales tras su última reunión con la consejera Amama para abordar la crisis provocada por los problemas en los programas de cribados oncológicos.
La tensión entre administraciones escala después de que ayer Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía, se reuniera con la asociación de mujeres contra el cáncer, que denuncia una caída en las pruebas de detección precoz. Hoy fue el turno de la portavoz de Unidas Podemos en Andalucía, Mónica García, quien también se ha reunido con este colectivo para evaluar la situación.
Fuentes del ejecutivo central consultadas explican que la “mala gestión” de la Junta está poniendo en riesgo la salud pública y que ya estudian acciones legales para forzar una respuesta rápida y eficaz. La polémica se centra en la reducción de las revisiones preventivas de cáncer que, según datos no oficiales, habrían caído hasta un 40% en algunos distritos.
Desde la Junta, se defienden asegurando que han aumentado los recursos y que la crisis responde a dificultades logísticas provocadas por la pandemia, aunque no han ofrecido datos concretos ni un plan de acción inmediato.
La asociación de mujeres contra el cáncer ha pedido transparencia y coordinación urgente para no perder años de avances en detección precoz. La crisis afecta especialmente a mujeres en riesgo, lo que intensifica la presión pública sobre ambas administraciones.
El Gobierno insiste en que agotará la vía del diálogo, pero advierte que si la Junta no actúa “de inmediato”, pondrá el caso en manos de la justicia para garantizar el derecho a la salud.
