El Gobierno de Canarias ha vuelto a reclamar al Estado que reconozca las particularidades del Archipiélago en el diseño del Fondo Social para el Clima (FSC), un programa europeo que distribuirá 65.000 millones de euros para apoyar la transición energética y climática.
La Consejería de Transición Ecológica y Energía urgió este miércoles al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a incorporar las propuestas concretas que Canarias ya entregó hace meses. Hasta ahora, el Ejecutivo autonómico no ha recibido respuesta formal.
Julieta Schallenberg, viceconsejera de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, subrayó que Canarias ha presentado “con rigor” medidas para que el fondo sea justo y no ignore las singularidades insulares. “Lo que pedimos es sencillo: que el Pacto Social por el Clima no deje fuera las realidades específicas del Archipiélago para asegurar inversiones adecuadas”, afirmó.
El informe técnico enviado por el Gobierno canario destaca que la actual orientación del Fondo, centrada en la pobreza energética vinculada a la calefacción, no refleja la realidad del Archipiélago. Allí, la vulnerabilidad energética está más relacionada con viviendas poco eficientes, alta dependencia de combustibles fósiles para el transporte y escasez de alternativas energéticas.
Canarias propone que el FSC priorice la rehabilitación energética de viviendas y pymes, apoye a sectores claves como el turismo y la agroindustria, y adapte los criterios del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS II) a la realidad geográfica y socioeconómica del Archipiélago, incluyendo flexibilidad en su aplicación.
“Esperamos que el Ministerio tome en cuenta nuestras sugerencias para evitar que las nuevas políticas climáticas agraven desigualdades territoriales. Canarias no es una región continental más”, recalcó Schallenberg.
El Gobierno canario insiste en mantener una postura colaborativa y reclama un diálogo real con documentación, calendario y mecanismos de seguimiento claros.
El Fondo Social para el Clima aún está en fase de elaboración y debe aprobarlo la Comisión Europea. Canarias lucha para que sus demandas se contemplen en un momento decisivo para la distribución de fondos que impactarán directamente en la lucha contra la pobreza energética y la transición justa.
