El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La causa está vinculada a una supuesta labor privada que habrían realizado en favor de los intereses de Cristina Álvarez, esposa de Pedro Sánchez y asistente en Moncloa.
Según la investigación, ambas figuras habrían usado recursos públicos para favorecer objetivos privados vinculados a Álvarez, sumergiendo así en la causa a uno de los entornos más cercanos del presidente del Gobierno. El juez consideró que existen indicios suficientes para que la causa avance y se someta al juicio con jurado popular.
Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, es señalado por su posible implicación directa en la gestión irregular de fondos públicos. Por su parte, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, también está acusada en el mismo proceso judicial.
Este caso genera un fuerte impacto político y judicial al tratarse de figuras próximas al Palacio de la Moncloa, y añade presión en un contexto donde la transparencia y el uso adecuado de recursos públicos están en el foco mediático y ciudadano.
No hay fecha fijada aún para el juicio, pero el avance de la instrucción marca un paso decisivo en la causa. Las partes aún pueden presentar recursos ante decisiones judiciales previas.
