El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha solicitado al Instituto de Empresa (IE) que remita con urgencia los correos electrónicos intercambiados por Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, relacionados con el IE y el África Center, entidad de la que Gómez fue directora.
La orden busca que la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), analice esos emails, que podrían estar vinculados con la actividad profesional y privada de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre esos correos ya se incluyen 121 mensajes con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde Gómez codirigió una cátedra.
Estas diligencias forman parte de una investigación separada que explora si se cometió un posible delito de malversación de fondos públicos, al pagar con dinero público a Álvarez para tareas que no estarían vinculadas al cargo oficial, mezclando lo profesional y lo privado.
El juez tomó esta decisión dos días después de ordenar que la causa se juzgue con un procedimiento de jurado popular, lo que implica que, en caso de ir a juicio, la acusación proseguirá ante un jurado civil.
En la última vista, celebrada el sábado, el fiscal pidió el archivo de esta pieza para Gómez, su asesora Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al no encontrar indicios claros de delito de malversación. Ninguno de los investigados acudió a la vista, apoyándose en una circular de la Fiscalía que considera innecesaria su presencia en trámites procesales previos.
Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, reclaman que la investigación continúe, enfocándose en las funciones concretas de Álvarez y no solo en su nombramiento.
Entre las peticiones figura también citar como testigos a Pedro Sánchez y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien ya fue objeto de un intento fallido de citación por parte del magistrado.
El juez ha solicitado además a las partes que valoren si prorrogar la investigación seis meses más, pues el caso vence el próximo 16 de octubre. La causa principal sigue abierta por delitos como corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Queda en manos del Instituto de Empresa la entrega rápida de los correos para que la Guardia Civil pueda avanzar en el análisis clave que podría definir los pasos próximos del proceso.
