El Tribunal Supremo sigue este martes con el segundo día del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que declaran como testigos el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
González Amador está procesado por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a Hacienda y también es investigado por corrupción en los negocios. Durante su testimonio, explicó que, ante la investigación, pidió a su abogado que buscara un pacto rápido y sin ruido para cerrar el caso “lo más desapercibido posible”.
El proceso contra García Ortiz se centra en la presunta filtración de un correo electrónico donde el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos fiscales para lograr un acuerdo favorable con la Fiscalía. Esta filtración derivó en una demanda de entre cuatro y seis años de prisión contra el fiscal general.
Miguel Ángel Rodríguez admitió haber enviado a periodistas un mensaje atribuyendo erróneamente la iniciativa del pacto a la Fiscalía, mensaje que luego retiró por “órdenes de arriba”. Defendió que no reveló información, sino una “suponer, colegir o intuir” lo ocurrido, apuntando que tiene “el pelo blanco” para percibir esas sutilezas. Su papel ha sido muy polémico. Fiscalía y Abogacía del Estado lo señalan como responsable de difundir información falsa que dañó la imagen del Ministerio Público y fue recogida por varios medios.
Este martes, también declaran los jefes de prensa de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, junto a dos fiscales: Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala y jefa de la Unidad de Apoyo, y el fiscal Diego Lucas, encargado de la investigación tras la salida del fiscal Julián Salto.
La lista de testigos incluye también al exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y al abogado Carlos Neira, autor del correo clave cuya filtración desencadenó el juicio.
La sesión nocturna continuará con las comparecencias ante los siete magistrados que juzgan los hechos, en un caso que sigue bajo máxima expectación por la implicación directa de figuras cercanas al poder regional y el centro del Ministerio Público.
