La justicia española da un giro importante en varias causas que sacuden al Gobierno y a las autonomías. El Tribunal Supremo ha decidido enviar a juicio al exministro José Luis Ábalos por presuntos delitos de malversación, cohecho y organización criminal en relación con la compra irregular de mascarillas durante la pandemia.
La decisión se basa en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que además vincula al actual ministro Torres con la trama. Según el documento, cuando Torres era presidente de Canarias, presuntamente pidió pagos ilegales ligados a esa red. La acusación abre interrogantes sobre la gestión política y sanitaria en la primera ola de la crisis.
Por otro lado, la presión política se traslada a la Comunidad Valenciana, donde el presidente Francisco Mazón ha presentado su dimisión tras un año de lucha con las secuelas de la llamada dana que causó graves daños. Su salida se da en un contexto de incertidumbre y crisis territorial que podría abrir una batalla interna en su partido.
Simultáneamente, ha comenzado el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado en un caso aún no divulgado en detalle pero apuntando a graves irregularidades dentro del máximo órgano del Ministerio Público.
Estos episodios marcan un estado de máxima tensión entre la política, la justicia y la gestión pública en España. La trama de las mascarillas, que saltó hace meses, vuelve a primer plano con implicaciones directas en altos cargos del Ejecutivo y autonomías clave.
El Supremo apunta a que los ilícitos investigados no fueron hechos aislados sino parte de una organización criminal con impacto nacional, poniendo en jaque la credibilidad del Gobierno y alertando sobre posibles consecuencias jurídicas y políticas a corto plazo.
Con Mazón afuera y los juicios abiertos, las próximas semanas serán decisivas para las alianzas y la estabilidad política en Madrid y las regiones clave.
