Euskadi ha congelado 51 millones de euros en pagos sanitarios correspondientes a 2023 y 2024 ante discrepancias con el Ministerio de Sanidad sobre el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) y estudia cobrar a comunidades limítrofes como Cantabria, Nafarroa, La Rioja y Castilla León por la atención médica que presta y que hasta ahora no le ha sido retribuida.
El consejero de Salud vasco, Alberto Martínez, protagonizó la pasada semana un pulso con el Ministerio tras anunciar el abandono temporal del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por la negativa del ministerio a reconocer el euskera como mérito en el examen MIR. Sin embargo, el conflicto se centró en la financiación interterritorial.
Entre 2012 y 2022, Euskadi aportó 169 millones de euros al Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria (SIFCO), el 60% del total estatal, pese a representar solo el 5% de la población. Martínez denunció que el sistema actual es “erróneo” y “abusivo”, y que el cálculo de los costes que debe pagar Euskadi es “confiscatorio”.
Ante la falta de respuesta, el Departamento de Salud vasco ha decidido suspender el pago de la factura que supone la atención sanitaria recibida por ciudadanos vascos fuera de la comunidad, hasta que se revise la normativa y se ajusten los saldos.
El Ministerio ha accedido a retirar de la orden del día la liquidación del FOGA para facilitar una negociación. El propio Martínez se reunió con la ministra Mónica García y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, para abrir una mesa técnica que analice y mejore el sistema.
En los próximos días se celebrará una reunión bilateral entre Euskadi y el Ministerio, mientras que para finales de noviembre se convocará una comisión extraordinaria con todas las comunidades para revisar el Fondo de Cohesión y valorar posibles modificaciones.
Entre las opciones que se estudian está la creación de un módulo específico en el SIFCO para registrar y cobrar los flujos asistenciales y económicos entre comunidades limítrofes con convenios. Esto implicaría que Euskadi pueda empezar a facturar a Cantabria, La Rioja, Nafarroa y Castilla León por servicios sanitarios, ya sean dentro o fuera de convenio, que hasta ahora no ha facturado, aunque al contrario sí paga.
“La próxima semana habrá una reunión técnica para analizar y mejorar el sistema, contrastar con otras comunidades y revisar el sistema si fuera necesario”, dijo Martínez.
La suspensión del pago y la posibilidad de facturación a otras comunidades llega en un momento de tensión política. Durante la misma reunión interterritorial, los consejeros de las autonomías gobernadas por el PP abandonaron la sesión en protesta por la gestión del escándalo de los cribados mamarios en Andalucía.
A pesar de la espantada, Martínez calificó la reunión como “muy positiva” y el Gobierno vasco publicó una foto de diálogo con la ministra García, mostrando un aparente entendimiento para avanzar en el conflicto financiero sanitario.
El sistema SIFCO, creado en 2012 para coordinar la asistencia entre comunidades, no ha tenido un desarrollo normativo claro en cuanto al Fondo de Garantía Asistencial, lo que ha generado desajustes y desigualdades en la financiación sanitaria interterritorial que el Gobierno vasco busca corregir.
